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1 Agosto 2004

Ley de Justicia Penal Juvenil: URGE FORTALECER SANCIONES ALTERNATIVAS

Bajar los extremos máximos de las penas y desarrollar sanciones que la ley de justicia penal juvenil contempla, pero que no se aplican, están entre los cambios que necesita el sistema de justicia penal juvenil costarricense. Así se desprende de un diagnóstico regional sobre el tema que realizó Defensa de Niñas y Niños – Internacional, DNI Costa Rica, con el auspicio de la Embajada de Holanda y la oficina Regional para América Latina de Reforma Penal Internacional RPI.

En Costa Rica, además de las sanciones privativas de libertad, la ley incluye sanciones socioeducativas y órdenes de orientación y de supervisión. Éstas últimas por ejemplo, van desde vivir en un lugar determinado hasta adquirir un trabajo o internarse en un centro de salud para desintoxicación. Pese a su existencia, por falta de supervisión o de lugares adecuados, los jueces se limitan a aplicar las sanciones tradicionales. Según Darío Gómez, abogado miembro del equipo que ejecutó el diagnóstico, este tipo de respuestas no se acomodan a las necesidades de los infractores. “Todo lo contrario, las sanciones se aplican porque faltan opciones reales, de tal forma que no se contribuye con el tratamiento integral de la persona menor de edad en conflicto con la Ley”, indicó Gómez.El estudio se extiende a Panamá y trata de medir los avances en esta materia desde la perspectiva de la doctrina de la protección integral. Además, recoge las opiniones de adolescentes sobre su condición de personas privadas de libertad y la vulnerabilidad de sus derechos humanos, entendidos tanto como derechos civiles y políticos así como económicos, sociales y culturales. “Diagnóstico Regional Sobre las Condiciones de Detensión de las Personas Adolescentes en las Cárceles de Centroamérica”, es el título del estudio que ya se publicó y que puede ser adquirido en las instalaciones de DNI en Moravia.

DNI es una organización no gubernamental que trabaja en la promoción de los derechos de la niñez y la adolescencia en Costa Rica. Si desea más información puede escribirnos a info@dnicostarica.org o visitar nuestro sitio en internet, www.dnicostarica.org.

SE NECESITAN CAMBIOS, PERO… HAY AVANCES

Darío Gómez
Programa Violencia Juvenil, DNI-Costa Rica

Costa Rica muestra avances importantes en la atención a la población penal juvenil, especialmente en lo relacionado a la infraestructura del Centro Penal Juvenil Zurquí, al trabajo interdisciplinario con las y los adolescentes y jóvenes privados de libertad y en lo que se refiere a cantidad, calidad y variedad de alimentación, educación formal, instalaciones deportivas, baños, dormitorios y sanitarios. Sin embargo, eso no es suficiente. Es necesario dotar al centro de talleres con equipos, materiales e instructores capacitados para abrir un programa de educación no formal. Las personas adolescentes privadas de libertad, afectadas por el fracaso escolar y por la necesidad de obtener ingresos inmediatos, tienen especial inclinación por este tipo de programas que les permite tener una formación laboral técnica.

También se hace necesario dotar al centro de una buena biblioteca, un proyecto al que se pueden sumar las organizaciones no gubernamentales que trabajan en la promoción y defensa de los derechos humanos y las universidades. Desde el punto de vista de desarrollo personal, las necesidades van más allá. Las personas adolescentes privadas de libertad requieren de suficiente tiempo libre y de la práctica cotidiana y disciplinada de actividades deportivas. Esto contribuye con la disminución de la agresividad y del stress. Además, si se complementa con programas especializados en el tratamiento de la drogadicción y de la depresión, se tendría el esquema necesario de trabajo para ofrecerle al joven privado de libertad una respuesta integral a sus necesidades.

¿Es necesario el uso de las celdas de aislamiento para aplicar disciplina? Si la respuesta es afirmativa, ¿Cuál es la mejor forma de utilizarlas?, son interrogantes que requieren de análisis, así como la conveniencia de promover la construcción de una red de organizaciones que generen oportunidades a las personas sancionadas.

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