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La testadurez se ensaña en contra de los niños, niñas y adolescentes.

Como un disco rayado, hemos venido insistiendo, diciendo y defendiendo el presupuesto del Patronato Nacional de la Infancia. No hemos parado de decirlo, desde que la Comisión de Hacendarios en octubre pasado decidió empeñarse en contra de la entidad rectora que vela, protege y defiende los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y de paso, llevándose además de los recursos, programas, proyecciones, acciones directas a desarrollarse con personas menores de edad, comunidades y familias en todo el país.
Pero nuestra voz no ha estado sola, hay grupos de personas, instituciones, movimientos, diputados y diputadas, organizaciones internacionales, estudiantes, la Sala Constitucional, expertos internacionales y los mismos niños, niñas y adolescentes que han opinado, denunciado, presionado, y han apoyado que la decisión correcta es dotar al PANI del presupuesto total proyectado para el año 2017. Es decir, que se le debe restituir el dinero que los diputados y diputadas decidieron quitarle, incumpliendo no solo con la normativa nacional, sino la internacional que Costa Rica ha ratificado y acordado cumplir.
Como si fuera poco, el Gobierno actual llegó tarde. Hizo la tarea más difícil, porque los tiempos idóneos eran cuando se les recordó y advirtió que debían enviar el presupuesto extraordinario entre diciembre 2016 a marzo 2017 como  muy tarde. Pero no lo cumplieron, lo entregaron a tan solo pocos días del cierre del debate del presupuesto extraordinario en la Asamblea Legislativa.

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